CIUDAD DE MÉXICO.- (Agencia Reforma) Autoridades
federales y organizaciones
civiles detectaron
durante 2009 una nueva forma
de operar del crimen organizado:
llevar a víctimas o
familiares ante notarios públicos
para que cedan sus bienes
y propiedades.

Al menos siete notarios
públicos de Tamaulipas están
bajo investigación por haber
participado en este tipo de
ilícitos, según datos registrados
por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal.
El fenómeno se ha detectado
también en Durango y
Coahuila, estados que forman
la Comarca Lagunera,
así como en Chihuahua y Veracruz.
De acuerdo con la información
a la que ha tenido acceso
el organismo --y que fue
confi rmada por la PGR--, se
han detectado al menos cinco
secuestros en los que los
grupos criminales cobraron
de esta manera y ninguna de
las víctimas pudo recuperar
sus bienes.
Miguel Valdés, secretario
de Comunicación del Colegio
de Notarios de Tamaulipas,
dijo que incluso se comenta de
una presunta lista de notarios
investigados.
“Hay rumores de que llevaron
al interesado para que
fi rmara un poder y se hagan
las escrituras posteriormente.
A veces se confi rman con
lo que uno presencia, cuando
se ve que tal propiedad era de
alguien y ahora ya es de otra
persona. Se dice que tienen
por ahí una lista de notarios
que ha participado en esas situaciones,
pero siguen siendo
rumores”, puntualizó en entrevista
telefónica.
Según los informes, una
vez que el crimen organizado
establece qué propiedades le
serán entregadas, pide llevar
--ante determinado notario-
- las facturas y escrituras
correspondientes para hacer
el trámite de cambio de propietario.
Los inmuebles deben ser
entregados físicamente y deshabitados
y, hasta que no se
fi rma el traspaso, no liberan a
la víctima.
En noviembre del año pasado,
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal detuvo a
cuatro presuntos integrantes
de “Los Zetas” que amenazaban
y extorsionaban a empleados
de notarías públicas para
que legalizaran los inmuebles
que les eran entregados como
rescates. La banda operaba en
Tampico, Ciudad Madero y
Altamira.
José Antonio Ortega, representante
del Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública,
detalló que las bandas privan
de la libertad a la víctima, a
través de ella recopilan la información
de los bienes que
la familia posee, y posteriormente
se ponen en contacto
para decirles qué propiedades
quieren.
“Ahí están metidos los notarios,
porque hay una serie de
irregularidades que hacen que
esto vaya ‘fast track’ y, además,
no se cumplen todas las
formalidades que se requieren,
y en los cinco casos de los
que yo tengo conocimiento,
las propiedades se tuvieron
que entregar desocupadas”,
puntualizó.